Este proyecto se fundamenta en que las investigaciones en salud en seres humanos son necesarias, pero las personas que participen voluntariamente deben tener ciertas garantías, como por ejemplo debe haber un responsable que garantice la protección de los derechos de las personas que pudiesen resultar afectados por la acción investigadora.

Así también debe existir un sistema de evaluación, autorización y aseguramiento de los daños potenciales, que buscan reducir al máximo los perjuicios que pudieran derivarse de investigaciones que supongan procedimientos invasivos en seres humanos, además las personas deben exigir que se les informe sobre los datos relevantes para su salud que puedan obtenerse durante su desarrollo, así como también sobre sus resultados.

Dos Santos destaca sobre todas las cosas la protección de la salud y el bienestar de los seres humanos por sobre cualquier otro interés, el Ministerio de salud, como órgano de aplicación debe hacerse responsable, “el Estado debe saber qué investigaciones se hacen sobre los ciudadanos, por tal motivo se debe crear un registro exclusivo de cada una de las investigaciones y de los investigadores para dar protección a las personas”, indicó Dos Santos.

Es importante destacar que toda persona que participe en una investigación debe saber que forma parte de la misma, y para ello debe firmar un consentimiento; del mismo modo tiene derecho a retirarse de la misma cuando así lo desee, y debe ser informado sobre las consecuencias de su decisión. Asimismo deberá ser informado sobre los efectos adversos que acontezcan, de los resultados de la investigación cuando ello tuviera algún impacto en su vida.

“Por lo general estas investigaciones se realizan en el ámbito público, se utilizan los recursos del hospital, y son terceros los que se benefician”, explicó Dos Santos; por tal motivo, deberá crearse una Dirección de Investigaciones en Salud, que debe ser financiada con fondos del MSP, y con otros provenientes del cobro al investigador o patrocinador, de un porcentaje sobre el monto total de la investigación, ya que “se deber recuperar lo que se pone a disposición en infraestructura”, acotó el senador.

Una vez finalizada la investigación, se le debe asegurar a la persona la continuidad del tratamiento por un tiempo considerable, tal que la suspensión no produzca un daño o perjuicio en su salud. Previo inicio de la investigación debe probarse la contratación de una garantía o seguro para cada persona participante, esto significa que tendrán derecho a una indemnización por daños eventuales causados por la investigación.