Una corriente de juristas correntinos volverá a insistir en el pedido de avanzar en la brevedad con la modificación del sistema penal vigente en la provincia. Argumenta que esta es una condición necesaria para garantizar el servicio de justicia y un paso adelante en la lucha para mejorar las condiciones de la sociedad. La solicitud tiene seis años, pero no prosperó en la Legislatura.
Entre el 12 y 14 de este mes, este impulso tendrá una fuerte manifestación de apoyo nacional durante la realización del VII Encuentro de Derecho Procesal Penal en esta ciudad, organizado por la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal.
El proyecto de reforma ya fue presentado ante la Legislatura en 2004, por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. La propuesta busca modificar el Código Procesal Penal, para abandonar el sistema conocido como mixto, y sustituirlo por el denominado acusatorio.
La iniciativa de modificación tomó forma de proyecto legislativo después de producido un dictamen aconsejando esta reforma por parte del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
Según esa investigación, en cuatro años sólo el 1,7 por ciento del total de las causas que ingresaron al sistema penal fueron resueltas en un juicio.
Para la corriente de juristas que pide la reforma, “se trata de un déficit o falta de eficacia que perjudica la seguridad jurídica de toda la población y que de forma urgente hay que corregir”. El sistema del código vigente es llamado “mixto”. En cambio, el impulsado en los proyectos de reforma es reconocido como “acusatorio”.

¿Inconstitucional?
“El sistema mixto que rige en la provincia de Corrientes devino en inconstitucional, porque, entre otras cosas, encuentra al magistrado de una causa como juez y parte”, ya advirtió en 2008 el reconocido jurista entrerriano Carlos Chiara Díaz. Agregó que, “en cambio, el acusatorio el juez controla el cumplimiento de los derechos y garantías durante la litis entre las partes en conflicto”.
Los que apoyan la reforma sostienen que su ejecución significará agilizar y mejorar sustancialmente la estructura y consecuentemente el servicio de administración de justicia. Quienes la rechazan, advierten que se busca dotar de mayores facultades a los fiscales, perjudicando y obstruyendo la función de los jueces.
Jueces, fiscales y abogados del foro penal de distintas partes del país coincidieron en afirmar que existe una falta de decisión política para mejorar el servicio de justicia en la Argentina.
La advertencia se produjo en el marco de una jornada de charla y debate que convocó en esta ciudad a funcionarios y profesionales judiciales, en abril de 2008.
El encuentro de Derecho Procesal Penal, que se iniciará el 12 próximo, servirá para volver a insistir en la necesidad de discutir, analizar y aprobar la reforma en el sistema que rige en la provincia.