El retraso de precio produce desabastecimiento ya que no estimula la inversión para producir y distribuir más gas. Quienes más sufren las consecuencias de esta política son las familias más pobres, porque no tienen acceso a la red y sufren el desabastecimiento al tener que pagar precios muchos más elevados por las garrafas de gas.

En el marco de la emergencia declarada en el 2002 se estableció el congelamiento de las tarifas del gas suministrado a través de la red. La decisión se sostuvo aun cuando los precios internos prácticamente se cuadriplicaron en los 8 años posteriores. Esto hace que quienes acceden al gas por red pagan un precio muy inferior al costo de producir el servicio. El retraso del precio opera como un subsidio a favor de las familias que acceden al servicio de gas de red y un desaliento a las inversiones que permitirían aumentar la producción y extender la red hacia los hogares que no cuentan con el servicio.

Al incentivar el consumo y desalentar la producción, naturalmente se tiende al desabastecimiento. Esta situación es atendida de manera muy improvisada reduciendo el suministro de gas a las empresas (lo que paraliza la producción y pone en riesgo los empleos), importando gas del exterior (que al ser comprado a precio superior al de venta genera una pérdida para el Estado) y limitando el suministro del gas en garrafa (lo que genera insuficiente oferta aun cuando el precio es entre 5 y 8 veces superior al gas en red).

Para medir las consecuencias sociales de este esquema, resulta pertinente identificar donde se concentra el consumo de gas de red. Según la EPH del INDEC referidos al IV trimestre del 2009 se puede observar que:

- Sólo el 71% de los hogares urbanos tiene acceso a gas por red.

- Entre los hogares de mayores niveles de ingreso (el quintil V en la distribución del ingreso) el 92% accede a gas por red.

- Entre los hogares de menores niveles de ingreso (el quintil I en la distribución del ingreso) sólo el 40% tiene acceso al gas por red.

Los datos muestran que aproximadamente 3 de cada 10 hogares que habitan las grandes ciudades no cuentan con suministro de gas a través de la red. Si se tomara en consideración a los hogares de las ciudades y pueblos más pequeños del interior el porcentaje sería mayor. Según datos del INDEC en las provincias del NEA (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) el acceso a gas por red es inferior al 3%.

De todas formas, el dato más significativo es que prácticamente la totalidad de los hogares de más altos ingresos cuenta con servicio de red mientras que la mayoría de las familias de más bajos ingresos carece de ese servicio. Supuestamente, a través de la “garrafa social” –es decir, la provisión de gas envasado a precio subsidiado– se morigeraría esta fragante inequidad. En la práctica, es muy visible que esto no ocurre. Los pobres pagan más y no disponen del gas que necesitan.

Una política alternativa seria fijar el precio del gas al nivel que corresponde según sus costos. Esto desalentaría el derroche e incentivaría la producción. Bajo esta regla, las personas de ingresos medios y altos y las industrias obtendrían el gas que necesitan pagando el costo que implica producirlo y distribuirlo. En paralelo, a través de una tarifa social se podría garantizar el acceso subsidiado a los hogares más humildes. La lógica de este arreglo es combinar incentivos a la inversión con acceso universal al servicio.

En la Argentina de los últimos años se sigue el camino inverso. Se impone un precio por debajo del costo, desalentando la inversión en producción y extensión de la red. Ante el desabastecimiento, se apela a la importación de gas que se vende a precios inferiores al de compra, dando pie –en un marco de arbitrariedad y poca transparencia– al avance dentro del sector del “capitalismo de amigos”. Para las empresas, esto implica cortes de suministros que erosionan su competitividad y pone en juego los empleos. Para los hogares pobres que en su mayoría no tienen acceso al gas por red deriva en largas colas para intentar conseguir una garrafa que cuesta mucho más que el gas que pagan los conectados a la red.

Es difícil imaginar un esquema más regresivo e insostenible. Quienes acceden a la red, la mayoría personas de ingresos medios y altos, disfrutan transitoriamente de un precio artificialmente bajo. Pero esta gente también tiene la certidumbre de que es inevitable el sinceramiento y, en esa instancia, el “tarifazo” será potenciado por la necesidad de generar recursos para recuperar las inversiones no realizadas a lo largo de todos estos años.

Acceso a gas por red, según nivel de ingreso per cápita del hogar