El trámite judicial sufrió dilaciones sospechosas por lo que ahora se suma una investigación adicional por presunto cohecho por parte del pseudo empresario correntino Alberto “Efredina” Castro, un sujeto con frondoso prontuario en la provincia de Corrientes que incluye causas por autos truchos y falsificación de medicamentos, hecho éste último que le valió el alias que carga desde hace tiempo.

Alberto Castro aparece en Corrientes como un empresario poderoso vinculado a una cadena de farmacias enroladas en FARMAR y además como titular societario de una cadena de supermercados rotulados bajo SUPERMAX.

Castro también desembarcó en la provincia de San Juan con un largo antecedente histórico que fuera revelado en el programa televisivo "telenoche investiga". El programa de tirada nacional había detectado -hace ya más de 10 años- su responsabilidad en un escandaloso caso de trafico de remedios desde el Paraguay, aunque la justicia federal correntina "sugestivamente" poco avanzó en la investigación.

En torno a este caso que se investiga en la provincia de San Juan desde el 2004, también sería detenida Gladis Susana Lico Zandalazini, que ya estuvo presa, quien inicialmente exhibió un documento falsificado a nombre de Marta Lucila Valdez. Para esas andanzas el correntino Castro y su socia, coautora del delito que se recuerda como “escándalo”, pagaron fuertes coimas a empleados desleales del Boletín Oficial y lograron hacer publicar en ese órgano dos resoluciones truchas que incorporaban a Olivyo SA y Olieco SA, al diferimiento impositivo por un total de 30 millones de pesos.

De las dos empresas radicadas en San Juan aparece como titular el correntino Alberto Castro.

La estafa fue descubierta cuando en el B.O. se publicaron las dos resoluciones que tenían las firmas adulteradas de funcionarios de gobiernos distintos, una del ex gobernador Wbaldino Acosta y la restante, del entonces secretario de Gobierno y Justicia del posterior gobierno de José Luis Gioja, Guillermo Leonardi, quien fue el que radicó la denuncia.

El juez Leopoldo Zaballa Pringles y el fiscal de Instrucción, José Eduardo Mallea, ordenarían ahora la detención para evitar la fuga, a pedido del director del Boletín Oficial, Ricardo Calderón y en salvaguarda de su buen nombre y del organismo a su cargo. El fiscal general Eduardo Quattropani, dijo que esta postura es sostenida por todo el Ministerio Público.

Cabe recordar que las resoluciones truchas fueron impresas por el organismo oficial sin que ninguna autoridad lo haya solicitado. Las "resoluciones" en cuestión aparecieron en los boletines del 6 y del 26 de enero del 2004.

Quien sería la autora material del delito y que tendría como presunto cómplice al correntino Alberto Castro, tenía en su poder un documento de identidad según el cual se llamaba Marta Lucila Valdez, pero otros elementos, entre ellos varias tarjetas de crédito, terminaron por revelar otro nombre: Gladis Susana Lico Zandalazini. Y este dato fue su perdición.

A través de la Policía Federal Argentina se comprobó que tenía dos pedidos de captura. El primero en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 47 de Capital Federal, Secretaría Nro. 136, por el delito de estafa. Y el segundo en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2, Secretaría Nro. 4, por el delito de falsificación.

En un principio se sospechó de la vinculación del entonces ministro de la Producción, Antonio Giménez, pero se comprobó que no había estado involucrado y quedó desafectado. Paralelamente se comprobó que las empresas cvuyo titular aparece el correntino Alberto Castro, Olivyo SA y Olieco SA existían y estaban conformadas como tales, pero no tenían los beneficios impositivos que permitían a las empresas agrícolas iniciar un proyecto y diferir el pago de gravámenes hasta la cifra de 30 millones de pesos.

En su declaración indagatoria, Gladis Lico Zandalazini señaló al correntino Alberto Castro como el responsable de las empresas que iban a ser beneficiadas con la promoción agrícola. Además dijo que fue quien la presentó a los funcionarios provinciales para llevar adelante el trámite. Según fuentes judiciales, Castro -el hermano de Juan Castro el actual titular de la FECORR- pagó los gastos de estadía de Lico en el hotel cinco estrellas Alkazar y de su traslado en la provincia y que cuando acompañó a Castro, éste la presentaba como su abogada, un título que la mujer no posee.

Cuando la detuvieron, Lico dijo ser "auditora de empresas", pero ante personal del área de la Producción del gobierno, donde inició los expedientes, había manifestado que era "funcionaria a nivel nacional", según consta en una resolución del juez Leopoldo Zaballa Pringles.

Alberto Castro -el también titular de la cadena de supermercados correntina Supermax- al prestar declaración de imputado en su momento, reveló que hubo otro decreto trucho en la operación de otorgamiento de un cupo de diferimiento impositivo, además de las dos resoluciones ya conocidas. Acusó a la Lico, su presunta cómplice y no señaló a ningún funcionario como partícipe de la maniobra.

Al ser indagado, se detectaron nuevos elementos de prueba, como el decreto 2020 -G- 04-12-04, firmado por Wbaldino Acosta, Enrique Conti y Alberto Chaves, en el que se le otorgaban los beneficios promocionales para la empresa Olieco SA, aunque es falso, según dijo una alta fuente del gobierno. Ese decreto corresponde a la designación de un funcionario en el ex Ministerio de Salud y Acción Social.

Alberto Castro -figura visible también en la cadena de farmacias correntinas FARMAR- también le entregó al juez una copia del Boletín Oficial correspondiente al 19 de diciembre del 2003, la número 22.167, en la que aparece publicado el decreto 2020. Pero también es falsa porque en ese mismo número y página del boletín, que es la 134.037, aparece el decreto 1860, del Ministerio de Salud Pública y Acción Social, de reconocimientos de gastos a la firma "Nueva La Reina" por 903.000 pesos.

El correntino en su declaración como imputado dijo que a la mujer, ahora sospechada de ser su cómplice, se la había presentado un gestor de negocios de Buenos Aires, Ricardo Alfredo Rial. Y que a ambos les pagó 225.000 pesos de honorarios por sus servicios para obtener el beneficio de diferimientos impositivos para las empresas Olivyo SA y Olieco SA, cada una por 15 millones de pesos.

En total pagó 240.000 pesos, porque otros 15.000 los depositó en una cuenta del gobierno local en la sucursal Buenos Aires del Banco San Juan, según dijo el imputado. Los abogados Rubén Pontoriero y Fernando Castro defienden al correntino Alberto Castro y los abogados Raúl Lozano y Octavio Caballero, a Lico.

fuente: diario de cuyo.com.ar