"Juan Manzur firmó una resolución que fija un protocolo de atención de los abortos no punibles para todos los hospitales públicos del país. La norma busca evitar la judicialización de esos casos. Hace una interpretación amplia de las excepciones del Código Penal." Así lo publicó ayer en el diario 'Página/12' -de cercanía conocida al Gobierno-, la periodista Mariana Carabajal, experta en temas de Género, que hoy por radio 'Continental', confirmó tener en sus manos y leyó parte de la mencionada Guía.

A continuación, la periodista había publicado la explicación que le dio Paula Ferro, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, del Ministerio de Salud: "Frente a la ausencia de normativas provinciales, esta guía debe ser una referencia. El Estado nacional está marcando así un piso de acceso a derechos. Se trata de señalar un protocolo de atención frente a los casos que ya están contemplados en la ley".

La información obtenida de la Guía, que Carabajal asegura poseer, fue trascripta ayer de la siguiente manera:

"La Guía, como ya informó este diario, hace una interpretación amplia de las excepciones previstas en el artículo 86 del Código Penal, y en ese sentido deja claro que cualquier mujer que resulte embarazada en una violación tiene derecho a un aborto en un hospital público. También establece que las adolescentes mayores de 14 años no necesitan de la autorización de sus padres para acceder a un aborto permitido. Está contemplada la objeción de conciencia, pero a título individual y no puede ser nunca institucional, es decir, todo hospital debe garantizar la práctica. Los profesionales de la salud que obstruyan arbitrariamente la realización de un aborto permitido, incurran en maniobras dilatorias, suministren información falsa o se nieguen injustificadamente a practicarlo “podrán ser responsables penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de la medicina o de la psicología”, advierte el documento.

El derecho de las mujeres de acceder a los abortos previstos por el Código Penal constituye propiamente un derecho humano de orden constitucional”, dice la Guía, que ahora cuenta con un fuerte respaldo político para evitar que sectores conservadores pretendan imponer obstáculos, ya sea en hospitales como en la Justicia, frente a los casos permitidos. El protocolo establece que el aborto se debe realizar dentro de los diez días de solicitado, “previa constatación por parte de un solo médico de la existencia de alguna de las causales” previstas en el CP. Lo que significa que queda prohibida la consulta a un comité de bioética u otro órgano similar. La Guía enumera los casos permitidos:

- Si existe peligro para la vida de la mujer.

- Si hay peligro para la salud de la mujer.

- Si el embarazo proviene de una violación.

- Si el embarazo proviene de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente.

Además, la Guía señala que el riesgo para la salud de la mujer debe definirse tomando en cuenta que el concepto de salud se entiende como un “completo estado de bie-nestar físico, psíquico y social y no solamente como la ausencia de enfermedades o afecciones”.

Manzur firmó la resolución el 12 de julio."

Aclaró en ocasión, Silvina Ramos, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), e integrante del Consejo Asesor del PNSSyPR, un órgano conformado por las principales especialistas en la temática del ámbito académico, de la sociedad civil y de servicios de salud, que con esta resolución "ya no es necesario que el Congreso legisle sobre los abortos no punibles, en referencia a los proyectos de reglamentación del artículo 86 del Código Penal que había empezado a comienzos de junio en el Senado. “En todo caso, el Parlamento tiene que ocuparse de expandir las fronteras del derecho”".

En verdad, la guía no es de autoría de Juan Manzur, puesto que se trata de una revisión y actualización del documento elaborado por un equipo de expertas y con el asesoramiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), durante el último tramo de la gestión del ex ministro de Salud Ginés González García.

Su sucesora, la ex ministra Graciela Ocaña, no le dio difusión.

En cambio, relata el diario que fue "la sucesión a comienzos de este año de dos casos de adolescentes víctimas de una violación que reclamaron su derecho de interrumpir una gestación en Comodoro Rivadavia y que tuvieron que enfrentar un tortuoso camino en la Justicia para acceder a un aborto permitido, por la negativa de los médicos del hospital local a practicarlo, puso de relieve la necesidad de promover la Guía."

El diario continúa explicando que "por muchas décadas las mujeres que habitan la Argentina han sido impedidas de ejercer un derecho fundamental que se encuentra reconocido desde el año 1921", dice el prólogo de la Guía, que lleva las firmas de Ferro y del subsecretario de Salud Comunitaria, Guillermo González Prieto.

Así, entonces, consta también la firma de Ferro en el prólogo de la Guía, cuya Resolución ministerial negó hoy haber firmado el ministro de Salud, Juan Manzur.

La pregunta es cuál de estos dos funcionarios se hará responsable de este papelón que aún no tiene explicación, y díficilmente se encuentre. Y es nada menos que por eso que lo más probable es que ruede alguna cabeza que evite explicar este paso atrás que nace de una interna mucho más profunda.

La coordinadora del PNSSyR había dicho a 'Página/12', inclusive que en aproximadamente dos semanas estaría lista la primera edición de la Guía, que incluirá unos 20.000 ejemplares, que serían distribuidos entre los jefes de los servicios de ginecología y obstetricia de los hospitales de todo el país.

"A partir de hoy, la Guía estará publicada en la página web del Ministerio de Salud". Pero en la página ofical del mencionado Ministerio no se encuentra ninguna guía de este tipo. Algunos dicen que fue inmediatamente retirada.

Y ello no era todo. Según el matutino, estaban además, "previstos cinco encuentros regionales con equipos de salud de todo el país para darle mayor difusión. Ferro aclaró que se trata de un piso. “Las provincias pueden avanzar sobre esta legislación, sumar estrategias. La obligación del Ministerio de Salud de la Nación es borrar las brechas, para que todas las mujeres tengan los mismos derechos sin importar en qué provincia nazcan y vivan”, dijo la funcionaria, sabiendo que algunas jurisdicciones, más permeables a las presiones de los sectores conservadores vinculados a la Iglesia Católica, pueden ser más resistentes a exigir la aplicación de la Guía. De todas formas, la resolución de Manzur se discutió ya en la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cefesa), que integran los ministros de todas las provincias.

Y más allá de lo publicado por el diario, también se manifestaron al respecto, algunos legisladores oficialistas que, por supuesto, expresaron todo su apoyo a la guía.

Por caso, a primeras horas de la mañana, la diputada Diana Conti había celebrado la resolución, que reglamenta un decreto de la gestión de Ginés González García, al sostener que "los abortos clandestinos generan más muertes de las que se quieren evitar".

"Esta guía implica un avance en la igualdad de derechos porque iguala a las mujeres que tienen plata y van a centros privados que clandestinamente para abortar en condiciones de asepsia con otras mujeres de menores recursos que se lo hacen por desesperación y a veces pagan con su vida", subrayó. Y añadió: "Se trata de un tema que compete al área de salud y no al área penal".

Ahora, ya nada de todo esto existe...