DESOBEDECIO A JUEZ CORRENTINO
Procesan a Jaime

Procesan a Jaime
14/07/2010 | Soto Dávila había dictado una medida cautelar para que no se realizara la licitación ya que la empresa Trenes Especiales Argentinos S.A (TEA) tenía bajo explotación el tendido de ese corredor que pasa por la provincia de Corrientes.

 

 

Lo hizo en un caso en el que el ex funcionario fue denunciado por haber desobedecido en octubre de 2006 la orden del juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila para no realizar un llamado a licitación para privatizar el corredor ferroviario que une Buenos Aires con Misiones. Jaime fue embargado por $ 30 mil.

La empresa TEA, representada por Emilio Raúl Franchi como presidente del directorio y apoderado especial hizo un pedido ante la Justicia para que se reconociera el convenio firmado por la Provincia de Corrientes y el Poder Ejecutivo Nacional.

Ese acuerdo establecía que durante 30 años TEA iba a explotar el recorrido del tren en la provincia mesopotámica. A partir de la presentación de TEA hubo diversas decisiones judiciales y el pleito tuvo varias etapas. En una de ellas el juez Soto Dávila había solicitado que no se llamara a licitación pública nacional e internacional para la privatización.

A pesar de esa decisión, Jaime continuó con la licitación y por eso se le abrió el expediente por desobediencia. En agosto de 2009 fue sobreseído por Martínez De Giorgi, pero la Sala II de la Cámara Federal revocó la decisión del juez. Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah señalaron que esa determinación era prematura y que Jaime debía seguir bajo investigación.

El 15 de junio pasado Jaime fue hasta los Tribunales de Comodoro Py su segunda indagatoria. No contestó preguntas y presentó un escrito en el que defendió su actuación. Negó haber desobedecido la orden del juez y explicó los hechos en las diferentes etapas del caso de la licitación. Poco menos de un mes después Martínez De Giorgi lo procesó.

El procesamiento es por haber cometido el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal que dice que prevé “prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones … ”.

Jaime ya tiene dos procesamientos y en el expediente por enriquecimiento ilícito se le complica la situación. No sólo porque tendrá que demostrar el origen de los bienes que tienen quienes lo rodean y están imputados sino también porque se le puede llegar a abrir una nueva causa por recibir dádivas.

Ya fue procesado por haber viajado en taxis aéreos pagos por empresarios del área del transporte a los que debía controlar. Dádivas. Y está casi comprobado que la empresa TEBA -que explota la Terminal de Ómnibus- le pagaba el alquiler de su departamento.

Otra dádiva. Otra vez una empresa que debía ser controlada por Jaime lo ayudaba a pasar una vida mejor.