Dos meses antes de que concluyan los mandatos de los actuales representantes, los jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial deben tener determinado -por elección directa- quiénes ocuparán los 2 cargos que al sector le corresponden dentro del Consejo de la Magistratura. El 21 de octubre concluyen las gestiones de los miembros que en la actualidad ocupan esos lugares, por lo que en los tribunales estiman que a mediados de agosto se realizarán los comicios.
Actualmente, el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, Gustavo Sánchez Mariño, y el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé, Manuel Horacio Pereyra, son los representantes del Poder Judicial en el Consejo. Vale señalar, la titularidad del cuerpo, por mandato constitucional, recae en el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Rubín.
En la última reunión de Acuerdo realizada por la corte provincial, la semana pasada, los ministros determinaron la confección de un padrón provisorio de electores para los cargos que deben ocupar jueces, funcionarios y representantes del Ministerio Público. Consta de 175 nombres.
El resto del cronograma electoral aún no fue definido, una determinación que transcurre por 2 andariveles. Es que la convocatoria la debe realizar el Superior Tribunal, aunque la organización y los plazos los debe fijar el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, cuya titular es la camarista Analía Durand de Cassis.
La magistrada estimó que al concluir la feria, el Colegio contará con mayores detalles oficiales para avanzar en la organización de los comicios. Será, en rigor, la segunda elección en la que coinciden no sólo los miembros de esa asociación sino también los no afiliados.
Antes de que tuviera respaldo constitucional el Consejo de la Magistratura, la elección de representantes judiciales en el cuerpo se hacía exclusivamente con miembros del Colegio, que en la actualidad cuenta con unos 500 afiliados.
Vale señalar, los miembros del organismo encargado de la selección de jueces y funcionarios judiciales tienen mandato por 2 años y desde que el cuerpo tiene respaldo constitucional se encarga, además, de la admisibilidad de las denuncias y pedidos de juicios políticos contra los magistrados. Un paso previo a la habilitación del trabajo del Jury de Enjuiciamiento.
El año pasado ganó una notable repercusión el caso del juez de Instrucción de Mercedes, Pablo Fleitas, cuyo caso fue el primero en accionar los resortes del jurado de enjuiciamiento.