El ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Enrique Vaz Torres, aclaró ayer que "estamos dentro de la mayoría de las provincias que aún no han suscripto el programa (de desendeudamiento provincial). Me preocuparía si fuéramos de las menos en no suscribir. De cerca de 14 jurisdicciones que podrían suscribir, solamente tres lo han hecho. La más urgida era la provincia de Buenos Aires por obvias razones".
Aclaró que "estamos dentro de lo establecido en el artículo 4, de la Resolución 346, que establece un plazo de 45 días hábiles desde la sanción de la norma para suscribir el convenio. Vencido este plazo, que será promediando agosto, podríamos preocuparnos. El Ministerio de Economía de la Nación es el que estableció estos plazos y el que fija la agenda para que cada una de las provincias firme el convenio".
"Desde el punto de vista de los requisitos de la normativa, hemos cumplido con todos los trámites y que no le queden dudas al intendente de Capital", agregó el Ministro en obvia alusión a Carlos Mauricio Espínola. "Es contradictorio lo que dice el intendente cuando primero dice desconocer la normativa y después afirma y da por sentado que nos faltan trámites. Esto es contradictorio. Hay que tener más responsabilidad en este sentido".
Y agregó: "Me preocupa mucho este tipo de afirmaciones. No es menor que el intendente de Capital, una de las jurisdicciones con mayores problemas financieros por una pesada deuda, tenga este tipo de ligerezas, sobre todo cuando sabe que atrás de todos los trámites y gestiones administrativas existe un equipo de trabajo de profesionales que han estado contra reloj trabajando para cumplir con todo. Me ofende por ellos, porque no se merecen este tipo de discurso mediático".
"No voy a permitir -añadió- que ningún funcionario tenga el tipo de ligereza que tuvo el intendente de Capital. Los muchachos trabajan a destajo para hacer las cosas bien y les cayó muy mal las apreciaciones del intendente. Hemos cumplido con todos los requisitos. Y los funcionarios nacionales, que tienen que ver en este tema, están muy bien informados de las cuestiones que estoy diciendo y el último trámite administrativo formal fue la nota que ha remitido la Secretaria de Relaciones con las Provincias aceptando la conciliación que hemos efectuado de las cuentas de la Provincia con la Nación, donde tuvimos una diferencia de 70 centavos. Esto habla a las claras que se trabaja con precisión".

DEUDAS

Agregó el funcionario que "el decreto 660, en su artículo 10, dice que se deberá 'propender' a resolver los planteos y las discusiones respecto a los reclamos jurisdiccionales. Esto es lo que está establecido en el decreto de la presidenta". "Propender -apuntó- tiene su alcance en lo que establece el modelo de convenio que se sugiere firmar, donde dice que las jurisdicciones tenderán a resolver los problemas conflictivos". Ejemplificó con "el reclamo administrativo que el gobernador ha efectuado a la Nación cuando requirió que se reintegran los fondos del Anses de 100 millones de pesos, así como los otros planteos como con los excedentes de Salto Grande en cerca de 250 millones de pesos; o a la regalías de Yacyretá que son fondos muy necesarios para resolver los problemas de inversión energética".
Dijo que "todos estos reclamos están inscriptos dentro de lo se podría establecer como discusiones entre las jurisdicciones. Cuando se agotan las instancias administrativas los gobiernos provinciales instalan estos reclamos ante la justicia. La administración anterior ha hecho estos reclamos. En grado de importancia esto es gradual, se hace una simple nota, un reclamo. Cuando los reclamos son antiguos, las jurisdicciones llevan el reclamo a lo judicial. Nadie quiere llegar a esta instancia. El decreto dice 'propender' a resolver. Veremos el alcance que tiene esto. Y también refiere a las posibilidades que las legislaciones locales otorgan al Ejecutivo de cada jurisdicción".