Todavía no fue debidamente explicado porqué el acta judicial firmada por todas las partes intervinientes, en presencia de la magistrada Sandra Arroyo Salgado (de Nisman), hacía mención a las "medias y prendas íntimas en el caso de Marcela Noble Herrera. En el caso de Felipe Noble Herrera se hará lo propio con medias y camisa", y le terminaron pidiendo prendas íntimas al joven.

Tampoco se entiende porqué el Gobierno aplicó al evento tanta intencionalidad política cuando la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, María Belén Rodríguez Cardozo, hizo constar en el acta judicial que manifestaba "que al no tratarse de muestras homogéneas, es decir, no habiendo una descamación de células en todas las prendas obtenidas, la capacidad de obtención de perfil genético no resulta estimable a priori".

Esto le da pie al texto que el abogado Gabriel Cavallo elevó:

"Ante la ilegítima injerencia del Poder Ejecutivo de la Nación en una investigación judicial en curso, es inadmisible que el Gobierno, una vez más, pretenda interferir mediante especulaciones falsas. Es una gravísima irresponsabilidad institucional que un alto miembro del Poder Ejecutivo Nacional hable de hechos que no sucedieron (y que, de haber sucedido, constituirían delito) con la ligereza con la que el Sr. Aníbal Fernández lo hace, en procura de sembrar confusión en el caso y presionar en un sentido al Poder Judicial de la Nación.

Si el Sr. Aníbal Fernández tiene evidencia de la supuesta manipulación de las prendas de los hermanos Noble Herrera, que formule la pertinente denuncia (y se exponga a la responsabilidad por el delito de falsa denuncia), debidamente fundamentada, contra quienes individualice como concretos responsables. Y si no, que preserve la mesura y prudencia institucional de la que habla pero no exhibe, y que no presione con especulaciones a la Justicia (...)".

Ahora, la sospecha es que el Banco Nacional de Datos Genéticos ya informó a Arroyo Salgado la imposibilidad de encontrar compatibilidad entre los datos genéticos obtenidos de los hermanos y los almacenados de detenidos-desaparecidos (que no son todos pero ese es un riesgo que corrían Abuelas de Plaza de Mayo, Arroyo Salgado y el Ejecutivo Nacional que impulsaron la estrategia que colapsa).

Al respecto es interesante un par de datos en la crónica que firmó Alexis Di Capo para el Informador Público:

"(...) El fracaso de una operación que se descontaba como exitosa habría desconcertado al gobierno. La salida para evitar reconocer públicamente el papelón habría sido entonces denunciar una contaminación de las muestras que, al parecer, nunca existió. Ayer, varios altos funcionarios concurrieron al despacho de la Jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, para tratar la crisis. De confirmarse la versión, si la justicia ordena nuevos exámenes, lo más probable sería que resulten nuevos fracasos. La SIDE les habría asegurado a los Kirchner que al menos uno de los hermanos Noble es hijo de desaparecidos, pero al parecer no se tuvo debidamente en cuenta, por ejemplo, que el BNDG no tendría todas las muestras de familiares de desaparecidos. (...)".

¿Y desde cuando la Secretaría de Inteligencia, ex SIDE, se especializa en cuestiones forenses? Otro ejemplo de la impericia kirchnerista, que siempre se intenta compensar con un voluntarismo irracional.

El problema central para el kirchnerismo consiste en que la cuestión del ADN era parte de una sucesión de acontecimientos que tenía como eslabón siguiente la denuncia penal de Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, contra Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre por participación en una supuesta operación de apropiación de sus acciones de Papel Prensa.

Todo eso (una doble apropiación) apuntaba a presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para fallar a favor del plazo de desinversión original (1 año) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Pero, al menos por ahora, la cadena parece rota.