La mayoría de los ediles de Concepción, el pasado 22 de abril, decidió destituir a Orlando Ríos porque durante los plazos fijados por la comisión investigadora no habría acreditado por qué en diciembre del 2009 la Intendencia le abonó $7.400. Y si bien hace más de un mes, el concejal sancionado obtuvo una medida cautelar para retornar al recinto, esa determinación recién el último viernes fue notificada al abogado del Legislativo local.
Ríos se habría presentado en la sesión del pasado jueves, para intentar ocupar nuevamente la banca que, en representación del Partido Autonomista, ocupaba desde el 2007.
Pero el asesor legal del Concejo le habría explicado que la notificación de una decisión adoptada por la Justicia debía realizarse a través del juzgado o la comisaría local.
El concejal se habría retirado del recinto y al día siguiente, el abogado del cuerpo deliberativo habría concurrido a la dependencia policial para acceder al escrito de la medida cautelar emitida por un juzgado de la capital correntina, a través de la cual Ríos sería restituido en su cargo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Consultados sobre eso, desde el cuerpo deliberativo manifestaron que “ahora que nuestro abogado tomó conocimiento de la orden judicial, eso se informaría oficialmente en el recinto y si corresponde, Ríos retornaría por ahora a su cargo”.
Teniendo en cuenta en este punto que la mayoría de sus pares considera que aún no está resuelto el caso por el que Ríos fue destituido y que se funda en el presunto cobro injustificado de $ 7.4000 de parte de la gestión municipal anterior.