Esas exigencias están contempladas en el convenio bilateral que firmaron ayer los gobernadores José Alperovich (Tucumán), Jorge Capitanich (Chaco) y Daniel Scioli (Buenos Aires). Con la suspensión de la vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal -que limita el endeudamiento y el gasto público- hasta fines de 2011, el Ministerio de Economía de la Nación quiere evitar desbordes financieros entre las provincias beneficiarias del Plan de Desendeudamiento.

Los apartados del convenio, además, permitirán a la Nación saber el grado de solvencia fiscal que tiene cada distrito y las posibilidades de que se redistribuyan las partidas discrecionales hacia los distritos más castigados por su historia financiera. Dentro de este esquema, el Palacio de Hacienda de la Nación también exige a los gobernadores un detallado informe acerca de las alícuotas vigentes, por cada actividad económica, para el cobro del impuesto a los Ingresos Brutos.

Como contrapartida, los gobernadores que ayer pasaron por la Casa Rosada plantearon al Ejecutivo nacional una serie de previsiones administrativas y legales, en caso de que algunos planteos judiciales le sean desfavorables.

Tras el acuerdo, el Gobierno de Tucumán logró bajar en $ 488 millones la deuda pública consolidada, estimada en unos $ 4.400 millones, a partir de la firma del acuerdo bilateral con la Nación.

Se trata de una suerte de compensación que se efectúa, mediante el Plan de Desendeudamiento, con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no girados hasta fines de 2009. Paralelamente, durante un acto realizado en la Casa Rosada, con la asistencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador José Alperovich rubricó el convenio mediante el cual se refinanciarán otros $ 3.321 millones del pasivo provincial. "Es la medida más importante de los últimos 20 años", dijo Alperovich.