La otrora ministra de Educación, María Virginia Almara de Colombi, involucrada en una virtual estafa al erario de la provincia. Junto a otros funcionarios de la cartera educativa habría fraguado la compra directa de utensilios de cocina. En el concurso de precios figuraría una firma que no sabía que estaba participando de la compulsa, y que además, se dedica al abastecimiento de carne vacuna. El ilícito se cometió en septiembre de 2008. El propio dueño del comercio falseado (Distribuidora EL RINCON) junto su abogado, se presentaron a los estrados penales a denunciar el episodio. Para el ministerio público (fiscal Buenaventura Duarte), se encuadra a prima facie en falsificación de documento privado, Uso de documento falso, fraude en perjuicio de la administración pública y peculado, todos en concurso ideal. La calificación de los delitos trae a la memoria un suceso similar en la secretaría de Desarrollo Humano, cuando esta entidad, entonces en manos de Salvador González Nadal, licitó la compra de alimentos donde participaron empresas fantasmas. Ahora la maniobra se produciría en la órbita del organismo de la calle La Rioja al 600.

La historia se remonta al 30 de septiembre de 2008, cuando la directora de Infraestructura Escolar y Equipamiento del ministerio de Educación, Dora Elsa Gallo (arquitecta), le remitiría una nota a Marcelo Alejandro Aldama (contador) Coordinador General de la Unidad Coordinadora provincial (U.C.P), solicitándole la compra de utensilios de cocina. 5.000 jarritos plásticos, 6.000 tenedores de mangos plásticos, 5.000 cucharas de mango plástico, 900 jarras de plástico con tapa 2.250 m., 3.000 platos playos de melanina, 3.000 platos hondos de melanina y 100 bandejas de horno, fue aquel pedido de Gallo. Una semana después, el 6 de octubre, Aldama se dirigiría a María Gabriela Calderón (abogada), asesora jurídica de la U.C.P. para manifestarle que habiendo solicitado tres cotizaciones “se procedió a elaborar un cuadro comparativo de ofertas” para elegir la mas conveniente por el menor precio. De aquella evaluación resultaría elegida “E.CO.S SRL” quien cotizó en $74.800 la provisión de los utensilios requeridos. La ley 5571 (Administración financiera) establece en su artículo 109 inc. 2, que se puede contratar por compra directa, previo concurso de precios, hasta $75.000.

Finalmente en una rápida resolución, Calderón no opondría objeción para dictar el acto administrativo que autorizaría la compra a “E.CO.S SRL”. Todo sucedería el mismo 6 de octubre, fecha en que Aldama le pediría al director de Administración del ministerio de Educación, José Aníbal Lencina Malgor, que reserve los créditos para hacer frente a la erogación, y se giren las actuaciones al departamento de Asuntos Jurídicos de la cartera educativa, la que debería autoriczar la compra.

EL FRAUDE

De la documentación adjuntada el 30 de septiembre, Marcelo Alejandro Aldama (coordinador UCP), surge el convite cursado a presentar cotización y presupuestos a las empresas Coordinadora de Servicios SRL E.CO.S (invitado Cristian Olguín Olazarri), que valoró en $74.800, a ERI-MAT SRL (invitado Gonzalo Javier Olivos) ofertó $77.465 y distribuidora EL RINCON (invitado Marcelo Fernández), con $85.550. Se había cumplimentado el requisito de ley: la presencia de tres oferentes como mínimo. Asimismo llamaría poderosamente la atención, que ERI-MAT (dicen propiedad de Eric Martínez) y EL RINCON, pondrían precios por encima del límite de compra directa que determina un máximo de $75.000 (Ley 5571 y decreto reglamentario 3056)). ¿Hubo acuerdo? ¿Estaba arreglado de antemano? Se supo después que no hubo base para la operación. Nunca se habló de la posibilidad de una licitación pública dándose por sentado, que una de las oferentes no superaría los $75.000, como sucedería a la postre con E.CO.S SRL (la ganadora).

Las mercaderías habrían sido recepcionadas el 26 de noviembre de 2008. Las clases ya prácticamente habían terminado.

Aparecería en escena Marcelo Fernández, único propietario de distribuidora EL RINCON, dedicada al rubro de abastecimiento de carne vacuna a negocios de la ciudad de Corrientes. Fernández desconocería haber rubricado planillas de cotización. Desconocería como suyas las firmas que obraron en todo el proceso de la contratación directa. Negando que los formularios expuestos pertenezcan a su empresa, donde utilizaron nombre de fantasía del comercio, la dirección, su número de CUIL y su nombre. Ante la denuncia se requirió precisiones a la AFIP. Del informe de la entidad federal tributaria, se desprendería que E.CO.S tiene por objeto social dedicarse a servicios de mantenimiento y limpieza y la de provisión de trabajadores.

Del análisis de la documentación y de los testimonios incorporados en la causa, se advertiría que el pedido de los utensilios de cocina se efectuó a dos meses del final del ciclo lectivo, sin ningún tipo de fundamentos, y sin discriminar los establecimientos educativos a los cuales se destinarían las mercaderías. Hasta el momento no se sabe.

Sería María Virginia Almará a través de la resolución 2249 del 11 de noviembre de 2008, quien autorizaría la realización del gasto, adjudicando la compra directa del concurso de precios a favor de E.CO.S SRL. Se cree que hubo varias operaciones similares en el transcurso de su gestión. Para Dora Elsa Gallo y Marcelo Alejandro Aldama, junto a la ex primera dama de la provincia, se le pidió la indagatoria como imputados en la causa.

Dinero acreditado

El 15 de octubre de 2008 se haría la reserva del crédito. Los asesores legales del ministerio por ese entonces comandado por Almará, los abogados Fabiana María Lourdes de Bordacini y Fabricio Javier Regnet dictaminarían el 23 de octubre la autorización de realizar el gasto y adjudicar la compra directa a E.CO.S SRL de los utensilios solicitados por la directora de Infraestructura Escolar.

Los días 24/12/2008 y 14/01/2009, más de tres meses después, se acreditarían a la cuenta bancaria de E.CO.S SRL las sumas de $35.000 y $36.429.82