Tres años después de los conflictos sociales que convulsionaron a la provincia de Santa Cruz, y que hasta generaron la renuncia del entonces gobernador Carlos Sancho, el ahora jefe de Gabinete Aníbal Fernández recibió un duro revés en una de sus denuncias contra los que el gobierno consideraba agitadores de la revuelta.

Sucede que el Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia que había presentado el por entonces ministro de Justicia contra el juez federal Gerardo Caamaño, aduciendo que durante la protesta del 7 de mayo de ese año frente a la casa del presidente Néstor Kirchner, el magistrado no había acudido al pedido de instrucciones que la Gendarmería le había requerido para actuar, informó Opi Santa Cruz.

Una manifestación en la que, vale recordar, cuatro manifestantes resultaron heridos, pese a que el juez no había dado la orden de reprimir. En su momento, el mismísimo Aníbal F. había acusado a los docentes y municipales de “autoherirse” para “dar lástima”.

“Si el juez hubiera actuado como pedía el gobierno y Gendarmería, hubiera sido un desastre total, porque el conflicto se había masificado, había una multitudinaria solidaridad de la sociedad, que nos estaba acompañando a los gremios”, recordó, en diálogo con Perfil.com, Pedro Muñoz, secretario general de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC). Y agregó: “Yo creo que el juez Caamaño no dio orden de reprimir porque estaba acá, sabía del conflicto en vivo, no como Aníbal que lo miraba por TV pero quería intervenir ”.

La información que aportó Aníbal Fernández al Consejo de la Magistratura para acusar al juez se basaba en un fax del entonces Jefe de Policía de Santa Cruz, Wilfredo Roque , en el cual le cuenta que esa noche fue testigo de un pedido telefónico que le realizó el comandante de Gendarmería Roberto Caserotto al juez para que acudiera al lugar de los hechos, pero, según el relato del fax, éste se había negado a hacerlo.

“De allí en más no pudo contarse con directivas del juzgado federal y el operativo derivó en los incidentes ocasionados por los manifestantes con agresiones hacia el personal de Gendarmería nacional y policial”, afirmaba el fax de Roque.

Sin embargo, para el Consejo de la Magistratura, “no existe motivo alguno de reproche hacia el obrar del magistrado, quien no pudo prever –menos aún evitar- ni los incidentes ni las agresiones verificadas hacia el personal de Gendarmería y policial”.

“ Este caso demuestra el ya conocido doble mensaje de este gobierno: decía que era un conflicto provincial, pero las fuerzas de seguridad nacionales estaban custodiando las puertas de las escuelas desde mucho antes del 19 de abril, cuando instalamos la carpa docente frente a la Casa de Gobierno. Luego vino la reunión en el Obispado con la Gendarmería, que ya nos advertía que tenían la orden de Aníbal para desalojarnos, a cualquier costo, y eso a pesar de que nosotros advertíamos que nuestro reclamo era pacífico”, recuerda Muñoz, con la misma bronca de por entonces, y pese a que el ahora jefe de Gabinete no logró salirse con la suya.