De acuerdo a lo convenido, el Instituto de Previsión Social de Corrientes presentó hoy por la mañana a la Presidencia de la Cámara de Diputados, la información requerida por los legisladores para profundizar el análisis con relación a la reforma del sistema previsional de Corrientes, bajo análisis.

La titular del organismo, Estela Regidor, presentó personalmente al diputado Pedro Cassani y la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, las carpetas con los anexos que dan cuenta del impacto que tendrá sobre el IPS la aplicación del 82% móvil tomando como base de cálculo tanto los 10 últimos años, como también adoptando los 10 mejores años para el haber inicial jubilatorio.

“La información que presentamos ratifica lo anticipado ya a los legisladores respecto del déficit que genera al Instituto la aplicación del 82% móvil”, comentó el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres. “Coincidimos en avanzar tomando los 10 últimos años, lo cual de por sí generará déficit; pero calcular sobre los 10 mejores años generaría un déficit casi imposible de remontar”, puntualizó.

Además, las carpetas presentadas por Regidor dan cuenta de otros cuestionamientos al proyecto con media sanción de la Cámara de Senadores; en función de un pormenorizado análisis y proyecciones realizado por el personal del IPS sobre casi 9 mil expedientes reales, con ejemplos concretos.

“Así como está, la norma es inaplicable; y, tanto los cálculos como los 9 mil expedientes analizados con gran dedicación por parte del personal, están a disposición de los legisladores”, aseguró.

PERSONAL DEL IPS, CONTESTE CON LA POSICIÓN OFICIAL

En la oportunidad, la titular del IPS presentó además a los legisladores una nota que lleva la firma de los 25 jefes de Departamentos, Divisiones y Direcciones del organismo, en la cual no sólo plantean no haber sido consultados respecto del proyecto presentado oportunamente y con media sanción, sino que además alertan acerca de una serie de puntos contradictorios e inaplicables.

“El personal del Instituto de Previsión Social jamás fue consultado sobre ningún punto de los abordados en la mencionada reforma”, aseguran.

La nota presentada por Regidor y firmada por personal especialista en la materia, con estudios en Diplomatura Previsional y más de 25 años de antigüedad trabajando en el IPS, señala también que a fines de Diciembre de 2009, las autoridades de la actual gestión provincial pusieron a disposición del personal técnico y profesional el proyecto de reforma, de cuyo análisis profundo surgió que es de “IMPOSIBLE APLICABILIDAD” tal cual está redactado.

“Los Directores del Área Contable alertan sobre la situación deficitaria de la Caja y la necesidad de nuevos fondos, si se quisiera aplicar una nueva ley”, apuntan.

Los Directores del Área de Dictámenes y Legales, por su parte, manifiestan la necesidad de una nueva ley que frene los amparos judiciales, dado que la justicia declaró la inconstitucionalidad del Decreto – Ley 22/00, “pero advierten errores en el nuevo proyecto, como ser el Art. 8º y el 35º”.

CUESTIONAMIENTOS PUNTO POR PUNTO

“En el caso del Art. 8º es una clara ilegalidad y violación del sistema de leyes”, señalan con relación a la posibilidad de que un jubilado/a por invalidez (laboral) acceda al Directorio o Consejo del IPS y cobre dos sueldos en simultáneo.

“En el caso del Art. 35º no es justo ni equitativo igualar una jubilación ordinaria con una por invalidez”, puntualizan; teniendo en cuenta que la norma propone para ambos el 82% pese a que unos trabajan y aportan toda su vida y otros no.

“En el caso del Art. 73º es considerado improcedente y violatorio de todo el sistema”, especificaron; respecto de la jubilación automática tras 60 días de haber iniciado el trámite. En este esquema se jubilaría automáticamente una importante cantidad de estatales, con sumarios administrativos pendientes o en curso y causas judiciales (civiles y/o penales).

De la misma manera, alertan que “se han encontrado contradicciones entre el Art. 35º y el 67º, para el caso de las recategorizaciones”.

Y se advierte además “la inaplicabilidad del Art. 39º del proyecto, ya que la escala es inaplicable y choca también con el principio de la Caja Otorgante”. “Es fundamental anular este artículo”, aseguran.

“También faltó en el proyecto de reforma analizar la contradicción existente entre el Art. 63º de la Ley 4.917 y la prohibición de reajustar del Decreto-Ley 22/00”, remarcan los técnicos.

En la misma nota, “los Sres. Jefes de Departamento Previsional, Luis Altamirano, y del Departamento de Beneficiarios, Rubén Gómez –ambos afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado- declararon haber informado a ese gremio acerca de las anomalías que encerraba el proyecto de reforma, y aseguran que el gremio manifestó estas opiniones fundadas en las reuniones previas que se hicieron para la redacción del proyecto, y por no ser escuchados ni atendidos se retiraron de las reuniones”.

“A todo esto, es preciso decir que el gremio ATE presentó un proyecto y crítica propios, pero que lamentablemente no tuvo tratamiento parlamentario, y que el mismo preveía –entre otras cosas- considerar el promedio de los últimos 10 años para la determinación del haber”.

La misiva a los legisladores pone a disposición de los Diputados “todo tipo de información legal, técnica, contable e informática, que requieran”. “El Instituto cuenta con un equipo de especialistas en la materia con experiencia, capacitación a nivel provincial y nacional, dispuestos a brindar toda la información que pueda ser de utilidad, en forma conjunta con las autoridades del Instituto”, concluyen.

La nota transcripta lleva la firma de José Luis Altamirano (Jefe del Departamento Previsional), Christian Gálvez (Jefe de la División Procesamiento y Comunicación), Miriam Correa (Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas), Ofelia Álvarez Picaza (Directora del Área de Administración y Finanzas), Gonzalo Rocamora (Director de Beneficiarios y Sistemas), Guillermo Luis Barboza (Jefe de Departamento de Recursos y Contralor), Sandra Noemí Amúa (Jefa del Departamento de Asesoría Legal), Mabel de Martínez (Jefa de la División de Dictámenes Jurídicos), Liliana Alarcón de Portillo (Jefa de División de Cobranzas e Inspecciones), Ramona Beatríz Pérez (Jefa de División Presupuesto), Oscar de Jesús Méndez (Tesorero del Departamento Contable y Finanzas), Felisa Montenegro (División Contable Patrimonial), Ricardo Romero (Jefe de División Tesorería, Contabilidad y Finanzas), Rosa Barrientos (Jefa de División Contabilidad Pública y Patrimonial), Pablo Ramón García (Jefe de Departamento Salario Familiar), Marcelo Gallardo (Director de Beneficiarios y Sistemas), Miriam María del Rosario Alvaro de Kuhn (División Archivo – Departamento Promoción Previsional), Rubén Armando Gómez (Jefe de Departamento de Beneficiarios), Marcelina Vargas (Jefa de Departamento Auditoría Interna), Sandra Roxana Toledo (División Servicio a Beneficiarios – Departamento de Beneficiarios), Alicia Norma Gómez de Maciel (División Cómputos – Departamento Previsional), Cristina Navarro Bagliardi (Jefa de División Despacho), Andrea Soledad Ortíz (División Tesorería), y Delfina Rodríguez (Jefa de División Mesa de Servicios – Departamento de Promoción Previsional).

“El posicionamiento técnico de personal con trayectoria en el IPS es el basamento central de la postura planteada por el Ejecutivo y un claro respaldo a la visión que sostenemos”, aseguró Vaz Torres. “Cierto es que esta discusión es política, pero de política previsional, de políticas de Estado; como cada tema que aborda esta gestión”, concluyó.