El Ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, expuso hoy ante los Diputados provinciales, los principales lineamientos de la política previsional que impulsa el Ejecutivo Provincial, acompañado por el subsecretario de Finanzas, Juan Pablo Peloso y la titular del Instituto de Previsión Social, Estela Regidor.

En este sentido, y con relación al proyecto de ley bajo tratamiento en la Cámara de Diputados –con media sanción de Senado- los funcionarios provinciales ratificaron la voluntad del Ejecutivo de aplicar la movilidad del 82% en el cálculo de las jubilaciones; aunque plantearon objeciones con relación a varios artículos del expediente aprobado por los senadores.

En primer lugar, se explicó a los legisladores que la Cláusula 12ª del Compromiso Federal de 1999, ratificada por la Ley 25.535, prevé la atención de los déficits de las cajas previsionales a partir de la armonización de su legislación con respecto a varios puntos de la normativa nacional, entre ellos el cálculo sobre los últimos 10 años (120 meses) para la liquidación del haber jubilatorio inicial.

Corrientes debe avanzar con esta armonización para acceder a los recursos que debe liberar ANSES por desequilibrios del IPS entre los años 2000 y 2009, y para continuar recibiendo los fondos que permitan atender futuros déficits. “El proyecto venido de Senado prevé contemplar los 10 mejores años; eso colisiona directamente con la normativa nacional y condiciona la posibilidad de que podamos destrabar los recursos que nos adeudan”, remarcó Vaz Torres.

Vale recordar que actualmente ANSES calcula semestralmente la movilidad, cuyo promedio ronda valores entre el 50 y el 60%. A diferencia de la Provincia, que financia al IPS con los recursos provenientes de la nómina de activos, el organismo nacional dispone además de una fuente de ingresos extraordinaria: el 15% de la recaudación nacional.

“La Nación tiene 5 millones de jubilados que cobran $900 por mes, con todos los recursos que tiene el ANSES”, apuntó el diputado Héctor López y agregó: “Fui Gerente de ANSES y hablo con conocimiento de causa”. “El ANSES hoy está liquidando prácticamente el 50%, sobre los últimos 10 años”, remarcó.

Consideró además que pasar de una liquidación de los últimos 19 años, como la que rige actualmente en la Provincia, a una que contemple los últimos 10 años es ya una mejora muy importante. “Creo que estamos generando un excelente aumento de los haberes jubilatorios y pensiones de Corrientes”, sostuvo. Con respecto al impacto negativo que tendría en las finanzas del organismo previsional, el legislador dijo: “no quiero ser responsable de lo que le pueda pasar a la caja, apostando a una ley de privilegio encubierta si votamos los 10 mejores años”.

ALTO COSTO, MAYOR DÉFICIT

Vaz Torres, señaló aquí que la relación de ingresos y egresos del IPS es actualmente negativa, déficit que aumentará sin dudas con la aplicación del 82% móvil, aún contemplando sólo los 10 últimos años, como prevé el Ejecutivo Provincial en coincidencia con la legislación de ANSES.

“Calcular la jubilación sobre los 10 mejores años sería ya adoptar una medida que el IPS no está en condiciones de afrontar, aún en el caso de que se cobraran las acreencias; respecto de lo cual no hay certeza alguna”, puntualizó el titular de la cartera de Hacienda. Recordó en este punto que el envío de estos fondos depende de una decisión nacional, sobre lo cual no puede resolver la Provincia.

Con relación a este tema, Vaz Torres anticipó a los Diputados que enviaría en breve un informe contable del Instituto dando cuenta de la situación actual del organismo y las proyecciones vinculadas al impacto de los cálculos en discusión. “Se les acercará un informe claro y determinante sobre este tema, fundado sobre la documentación correspondiente”, adelantó.

ATENDER LA DEMANDA CON PREVISIÓN

Al finalizar la reunión, el Ministro destacó la coincidencia respecto de la voluntad de avanzar con la actualización de la legislación vigente; fundamentalmente atendiendo a un legítimo derecho del sector. Sin embargo, dejó en claro que no puede soslayarse el modo en que se atenderá esta demanda y su sustentabilidad en el tiempo.

“Todos reconocemos la necesidad social de avanzar en este sentido; pero a nosotros, como funcionarios del Ejecutivo, nos toca la tarea de instrumentarla y la responsabilidad de garantizar la sustentabilidad del IPS no sólo para los actuales jubilados y pensionados sino también para los futuros beneficiarios”, apuntó.

VARIOS ARTÍCULOS CUESTIONADOS

Al término del encuentro, Regidor comentó que más allá de la base de cálculo de la jubilación, hay otros artículos contemplados en la reforma del Senado con serios cuestionamientos por parte del Ejecutivo.

Este es el caso del Artículo 8º, de acuerdo al cual una vez normalizado el IPS, podrían acceder al Directorio o Consejo personas jubiladas por invalidez psíquica por el mismo Instituto, en función de la amplitud del artículo. “Si bien la jubilación por invalidez es una invalidez laboral, esta persona tendría la posibilidad de volver a la actividad y percibir del Estado un sueldo como integrante del Directorio o el Consejo del IPS, más la jubilación por invalidez que seguiría percibiendo; lo cual constituye una burla al sistema previsional”, consideró la funcionaria.

Por otra parte, mencionó el Artículo 35º, el cual establece que el cálculo para la jubilación por invalidez será del 82%, exactamente igual a la jubilación ordinaria. “Así, una gran cantidad de personas jóvenes y con poco aporte se jubilarían a partir de patologías difíciles de comprobar como el stress laboral u otro tipo de enfermedades, obteniendo el mismo beneficio que aquel que trabajó y aportó toda su vida”, apuntó la titular del organismo.

Regidor agregó además que “estas personas, de corta edad, podrán además ejercer en el ámbito privado, como actualmente ocurre”.

Señaló en este sentido que incluso algunas organizaciones correntinas como la de Jubilados Autoconvocados propone un piso del 75% a quienes demuestren 2 o más internaciones prolongadas de más de 6 meses o postración. “Son opciones que se pueden analizar”, consideró.

Finalmente, mencionó la modificación al Artículo 73º, según el cual una vez solicitada la jubilación, pasados 60 días, automáticamente se otorga el beneficio; aunque el Ministro del área y el Gobernador no hayan firmado el Decreto correspondiente.

Según explicó la funcionaria, en este esquema se jubilaría automáticamente una importante cantidad de estatales, con sumarios administrativos pendientes o en curso y causas judiciales (civiles y/o penales). “Aunque estos sumarios no estén resueltos, se les otorgaría el beneficio de manera automática; retrotraerlos sería sumamente complicado y con altas posibilidades de judicialización”, anticipó.

UN ANÁLISIS EN MAYOR PROFUNDIDAD

Durante la reunión, la diputada nuevista Nora Nazar propuso analizar en mayor profundidad el tema, antes de llevarlo al recinto. “Creo que hay que moderarse, volver a revisar, tener números para decir qué es viable y qué no, y no apurarnos ni definir ya”, consideró.

En este sentido coincidió su par liberal, Alberto Simón, quien señaló que “si es necesario que esto se estudie una semana más no hay ningún problema”. “Esto tiene que ser una ley lo más consensuada posible; sino, no sirve”, remarcó y apuntó incluso a lograr una sanción unánime de lo que se consensúe.

Finalizado el encuentro, el diputado del Partido Justicialista, Luis Badaracco, consideró importante los datos obtenidos durante la reunión. “Esto nos permite obtener más información y el informe que nos enviarán nos permitirá decidir con mayor responsabilidad”, puntualizó.

De la reunión, realizada en el despacho de la Presidencia de Diputados, participaron el presidente de la Cámara, Pedro Cassani, los diputados Luis Badaracco, Manuel Aguirre, Alberto Simón, Omar Young, Nora Nazar, Héctor López, Osvaldo Fagetti, Cecilia Gortari, Alina Goyeneche, Noemí Cúneo y Alejandra Seward. En representación del IPS también asistieron el gerente general del organismo, Bruno Magnani y la directora de Administración y Finanzas del IPS, Ofelia Alvarez Picassa.