Condenas

Un fallo adverso para Daniel Maldonado Maidana, ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Humano, cuando el organismo era conducido por el “Gallego” Salvador González Nadal, podría aventar un proceso de corrupción estatal que no para pocos, dormía el sueño de “lo injusto”. El Superior Tribunal de Justicia resolvió no hacerle lugar a un planteo contencioso administrativo presentado por Maldonado Maidana contra el Tribunal de Cuentas de la provincia. No quería devolver un dinero “que se esfumó”.
Junto a González Nadal y Francisco Pimienta están imputados por defraudación a la administración pública en concurso ideal, violación de los deberes de funcionario público, por licitaciones armadas donde participaron firmas inexistentes, y por la falta de rendición de módulos alimentarios (sobre 30.000 solo se entregaron 1.575) por un valor de 500 mil pesos. Asimismo se fraguaron la entrega a los beneficiarios, quienes al ser interrogados por la justicia, negaron haber recibido los aportes sociales. También habían comedores comunitarios que estando cerrados, “justificaban” la entrega diaria de copa de leche y merendero a niños cadenciados. En ese proceso aparece acusado Miguel Ángel Bazzi. Maldonado Maidana (ex Director de Administración) fue condenado junto a la tesorera Claudia Meza Llorente a abonar $300.000 más sus intereses, debido a la compra de 30.000 módulos alimentarios a través de ocho expedientes “desdoblados” con la intención de eludir los montos legales indicados en la ley 3056/04 (artículo 99º). De los 500.000 pesos, solo se reintegraron $120.619.10, no se justificaron $379.380.90 (comió la vaca). Un trabajo minucioso y responsable del Tribunal de Cuentas en las inversiones del año 2006 y posteriores periodos destapó la olla de una banda organizada de la que también participaron como cómplices empresarios, algunos que hoy aparecen ostentando propiedades y emprendimientos gastronómicos de gran envergadura. Los más reprochable, los recursos timados tenían destino a los más necesitados en una provincia considerada como la más pobre del país. ¿Se hará justicia?

Dos peronismos

En Corrientes hay dos peronismos, el popular y el de la justicia social y el que aparenta serlo pero no lo es. Quedó demostrado en el último foro llevado a cabo en el Club de Teléfonos de esta Capital, que existen dos peronismos, comentaban en alto ese día los dirigentes. “Los que se quedaron a compartir con los compañeros dirigentes, concejales, vice e intendentes y los que se fueron a otra quinta más paqueta”, dijo uno bastante enojado por esa actitud. Entre los que se quedaron a compartir el choripan estaban el presidente del PJ Corrientes, Rubén Pruyas, la diputada, María Inés Fagetti y el senador, Jorge Barrionuevo entre otros. Mientras que a la quinta paqueta fueron el ex candidato a gobernador que salió tercero en las elecciones pasadas, Fabián Ríos, los intendentes, Camau Espinola, Alicia Locatelli, Nancy Sand, Juan Encina, los legisladores Cuto Badaraco, Hugo Perie, Irma Pacayut, Rubén Bassi, el ex intendente José Monti y la concejal Miriam Coronel entre otros. Cuando vieron la galería de fotos en un portal de Corrientes, donde los muchachos hicieron rancho aparte, comenzaron los comentarios de muchos dirigentes que señalaban como poco apropiada esas imágenes ya que se quiere demostrar un peronismo unido. Uno fue más allá y se animó a decir que “¿A quien carajo quieren hacer creer que son Peronistas”…

 

ESTRATEGIA Y EL ENCUENTRO
 

El pedido de nulidad del diputado Armando Aquino Britos como defensor del ex gobernador Arturo Colombi en la causa publicidad, comienza a tener algunas lecturas judiciales. Meses atrás el legislador curuzucuateño le requirió al Juez Luís Cochia Breard, responsable en la instrucción del expediente que "archive la causa y declare la nulidad de lo actuado".
Aquella vez sostuvo que "ya pasó el tiempo político", orientando su reclamo a que la acusación surgió como una herramienta electoral en perjuicio del malogrado Frente de Todos, y de su máximo postulante (Arturo). Cocchia Breard terminó rechazándola por extemporánea. Ahora como abogado de José María Roldán (senador nacional) en el mismo proceso, solicitó igual medida: que se tenga como nulo el caso. Esta vez el pedido de Aquino Britos ingresaría en tiempo y forma. Descartando una nueva negativa en primera instancia y la segura apelación al tribunal de alzada, la idea tendría un punto de flexión. No pocos interpretan que la estrategia del otrora fiscal de Estado apunta a que la Cámara en lo criminal, integrada por Roberto Mendíaz, Rafael Escarlón y Cinthya Godoy Prats que ya le otorgó la eximición de prisión al ex mandatario correntino, (donde recaen dudas sobre el tenor de ese fallo de extremadamente garantista), atienda la nulidad planteada. Se buscaría dejar en fojas cero la mega causa que investiga el millonario despilfarro en las contrataciones publicitarias de la anterior gestión, que advierten sobreprecios y facturaciones fraccionadas que violaban la ley de administración financiera de la provincia. Las presiones políticas son muy fuertes. Aquino Britos intenta dilatar la indagatoria de Roldán con una gama de incidentes que lleven las actuaciones hasta el 2011. Los chismosos de siempre cuentan de un reciente encuentro entre el camarista Mendíaz y el ex Fiscal de Estado Fernando Carbajal, ultra amigo Aquino Britos. Entre risas y miradas cómplices el saludo final cuando terminaron la “audiencia” sorprendió a propios y extraños presentes en el episodio. “Bueno nos vemos, saludos a Rodolfo” (Carbajal), “serán dados, saludalo a Arturo de mi parte” (Mendíaz).
 

El tremendo aumento de los Concejales
 

Hace un mes los concejales impulsaron un aumento en sus dietas que va desde el 70 al 95%. No eran tres mil pesos como se dijo aquella vez. En realidad van de $5.500 a $17.000. Cuando se conoció la noticia fue un escándalo. En una efímera sesión, el pasado jueves 22 de abril, los concejales capitalinos decidieron ensancharse sus dietas en porcentajes reprochables. Algunos medios gráficos contaron en aquella oportunidad, que los ediles incrementaron sus haberes en más de tres mil pesos.
Luego de la polémica resolución pasarían a percibir sueldos que superarían los $9 mil mensuales. La aprobación fue unánime, y hasta amonestada en días posteriores por las autoridades de la propia iglesia católica. Pero hubo algo que se escondería por más de un mes y medio bajo siete llaves. Tan hermético como la preciada fórmula de la Coca Cola. La recomposición dista bastante de esos números que causaron escozor en la sociedad correntina. Pero la historia oficial de lo que puede considerarse una tremenda vergüenza es la siguiente. El verdadero aumento oscila entre el 71 al 95%. El sueldo de Miriam Coronel, presidente del cuerpo, de $11.878.38 (neto) subió a $17.781.07, la diferencia: $11.364.85 (un 95.7%). Coronel estuvo sumida en una polémica por haber cobrado sueldos de profesora de establecimientos secundarios mientras era beneficiada con una licencia sin goce de haberes, tras asumir como edil del cuerpo deliberativo de Corrientes. Aun así, por equivocación o no, siguió retirando sus salarios de docente a través de cajeros automáticos. En la zaga le sigue el ex sindicalista Gabriel Romero. Otrora secretario general de la AOEM. El socialista de percibir $7.072,98 (neto) pasó a $12.880,92 (82.1%) y con sueldos similares continúan los demás. La sesión del aumento duraría solo quince minutos. Se inició alrededor de las 19:45 y terminó a las 20. En ese corto lapso, ingresó sobre tablas el proyecto y fue aprobado. Era como una complicidad manifiesta. El expediente se visó por unanimidad y sin exponerse su carátula. Cuando se conoció la noticia Miriam Coronel salió a desmentir el trascendido periodístico. Los incrementos de las dietas, más cuando se blanquea el básico a través de una resolución, determina inmediatamente su irregularidad, todo se debería haber concretado por ordenanza como lo establece la Carta Orgánica municipal. En su artículo Nº 23, la norma define que los sueldos de los integrantes del cuerpo deliberativo deben establecerse o modificarse cuando se sanciona el presupuesto general. La ordenanza 2508 de noviembre de 1993, sostiene que los gastos de bloque y de representación que perciben los concejales y autoridades superiores de ese cuerpo, tienen carácter de remunerativos y no bonificables. Sin embargo la cuestionada Resolución del 22 de abril, incorporó el aumento al código de liquidación, como remunerativos y bonificables. Increíble. En su momento se dijo que el gasto salarial del Concejo se incrementaría en $600.000, tanto que hasta fue reprendido por el propio Arzobispo de Corrientes monseñor Andrés Stanovnik, quien criticó a los ediles asegurando que la estrategia de recomposición “no fue el gesto que el pueblo esperaba”, y los instó a ponerse a la altura de las circunstancias, comprendiendo la realidad que se vive en la sociedad. “No es lo que está esperando la sociedad, en virtud de la realidad que vive”, diría el prelado. “La población quiere otras cosas, pero eso lo tendrá que decidir el Concejo y estar a la altura de los acontecimientos” fustigaría Stanovnik. Los números reales serían otros. Mensualmente el aumento insumiría $101.562,96, la friolera de $1.218.744 al año.