Mediante esta disposición, la región más postergada y pobre de la Argentina, como lo es el norte en general y Corrientes en particular, queda atrapada dentro de un esquema de desigualdades que impiden su desarrollo.

Todos sabemos que de esta manera la mayoría de las inversiones empresarias se alejan de Corrientes porque obtienen beneficios extraordinarios en las provincias privilegiadas por una Ley vigente desde hace más de treinta años. Como consecuencia también, existen hoy empresas correntinas que han quedado fuera de toda competitividad y que ahora están suspendiendo sus planes de inversión para el futuro, lo que significará menores puestos de trabajo y menor producto bruto correntino.

El 22 de Mayo pasado, la presidenta Cristina Fernández firmó el decreto 699/2010 a través del cual se extienden diferimientos impositivos a las empresas que se radiquen en La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan.

El decreto se basó en la ley 22.021, una norma que data de 1979 y que contempla ese diferimiento impositivo para las provincias mencionadas, para –según dice- “favorecer un mayor equilibrio territorial a escala nacional a través de la radicación de industrias en áreas periféricas de la economía nacional”.

La FECORR reclama la inmediata rectificación de estos privilegios para algunas regiones del país, y la aplicación de un plan de desarrollo que abarque e integre igualitariamente y con las mismas posibilidades, a todas las regiones de Argentina. Al mismo tiempo llama a los legisladores, nacionales y provinciales de Corrientes, a trabajar para obtener la modificación del decreto.