En forma unánime, anoche la Cámara de Diputados de la Provincia dio aval al ex juez Miguel Ignacio Alegre como Defensor del Pueblo, tras haber resultado primer calificado en el proceso de selección de un candidato. La controversial designación de uno o dos adjuntos, que tiene acuerdos políticos sellados, saldría una vez que el Senado preste su consentimiento y a través de un acto administrativo que definirán los presidentes de ambas cámaras.
Anoche con voto nominal y por unanimidad, los diputados de todos los bloques levantaron la mano a favor de la designación de Miguel Alegre como titular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Había resultado primero en el proceso calificatorio para la selección de un candidato, que inició el 16 de marzo y concluyó hace dos semanas.
Hoy la Cámara de Senadores tiene en su orden del día, aunque no entre en los asuntos a tratar, el pliego del ex magistrado, aunque ayer no se descartaba que los legisladores agilicen el trámite y den el aval definitivo.
Posteriormente se deberá definir un asunto que trajo fuertes controversias, como el del o los adjuntos. En medio de las etapas finales del proceso preliminar, un acuerdo político entre las diferentes bancadas de las cámaras de Diputados y Senadores determinó que quienes quedaron segundo y tercero en la lista de los exámenes serían designados en las oficinas adjuntas a la del Ombudsman.
Se trata del peronista Juan Ramón Ferreyra y el nuevista Marco Costa, que deberán aguardar a que el Senado preste su adhesión al nombramiento de Alegre y formar parte de un acto administrativo que deben firmar los presidentes parlamentarios, Pedro Braillard Poccard y Pedro Cassani.
La determinación de los adjuntos debe darse a propuesta del propio Defensor del Pueblo, quien habría atado los consensos políticos para acceder a los números en las votaciones parlamentarias con un compromiso de proponer tanto a Ferreyra como a Costa. Así, en los pasillos de la Legislatura se convirtió en una versión pronunciada por los propios legisladores el hecho de que cada uno de los tres ocupantes de la oficina de la Defensoría representarían la relación de fuerzas políticas dentro de los cuerpos parlamentarios.
Alegre (afiliado a la UCR y convencional constituyente por ese partido en 1994) representaría al radicalismo, Ferreyra al justicialismo y Costa a los partidos provinciales, por pertenecer al Partido Nuevo.

Presupuesto
Lo concreto del caso es que tras los acuerdos legislativos, la Defensoría debería ponerse en marcha aunque no hay previsiones presupuestarias a la vista. En ese sentido, el propio Miguel Alegre dialogó con los senadores y diputados que integran la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo para solicitarles el inicio de conversaciones para diagramar un presupuesto.
“La intención es dotar a esa oficina de un presupuesto mínimo para lo que queda del año, aprovechando también que está en etapa de análisis la Ley de Presupuesto de la Provincia”, aseguró ayer a El Litoral un diputado que integra el grupo de trabajo. Por el momento no hay siquiera un bosquejo de cuánto dinero insumirá el trabajo de la Defensoría.
Miguel Alegre, que hoy podría obtener el respaldo legal definitivo como ombudsman, fue juez de instrucción de esta capital, fiscal General de la Provincia y convencional constituyente en la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Actualmente ejerce la profesión de abogado.