Por primera vez, el gobernador peronista de Mendoza, Celso Jaque, se enfrenta a los Kirchner. El mayor beneficiario de la disputa entre los Kirchner y Julio Cobos, se siente traicionado por el matrimonio presidencial. Y recurre a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hoy instancia permanente de los diversos conflictos entre las provincias y la Nación, demostración de que el federalismo no está funcionando, un tema Bicentenario.

Muy interesante la crónica de Pablo Icardi en Los Andes, de Mendoza:

"El primer paso para intentar frenar la ampliación de la promoción industrial en provincias vecinas será recurrir a la Justicia. El Gobierno y las cámaras empresarias decidieron presentar un recurso de amparo para que suspenda la aplicación del decreto 699 firmado por la presidenta Cristina Fernández.

La intención es "ganar tiempo" para buscar alguna salida política. Por eso también el lunes Celso Jaque volverá a Buenos Aires para intentar encontrar explicaciones y alguna posibilidad de cambiar la decisión.

La esperanza es que, al menos, le dejen el beneficio sólo a La Rioja y se lo quiten al resto. Jaque ya presentó vía escrita un pedido para que se aclaren las "ambigüedades" del decreto de Cristina. El amparo será presentado mañana en Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ayer el Gobierno intentó dar una muestra de unidad en rechazo a los beneficios otorgados para San Juan, San Luis y La Rioja que perjudican a la industria mendocina. Por eso Jaque y todo su gabinete se reunieron con las principales cámaras empresarias, los gremios y legisladores aliados. Pero en esa foto no estuvo la oposición política. Los legisladores nacionales por Mendoza se quejaron por la falta de convocatoria y Jaque les cedió una reunión para hoy a los 13 legisladores nacionales.

"En esto estamos todos los mendocinos. Hemos acordado que el lunes vamos a plantear el amparo junto a todas las instituciones a través de Fiscalía de Estado. Además vamos a hablar con el Gobierno nacional para que revean la situación", aseguró Jaque, y resaltó que "esto no es en contra de otras provincias, sino a favor de la Argentina, porque no se pueden aplicar los mismos remedios que no han dado resultados", dijo.

Ahora mide los costos que puede tener la decisión nacional de relegar a Mendoza y también evalúa cómo puede seguir la relación con el Gobierno nacional, pues es la primera vez en la que Jaque toma alguna decisión para ir contra la Casa Rosada.

Con quien cada vez está peor la relación es con el sanjuanino José Luis Gioja que ayer dijo estar cansado de las quejas de Mendoza y, por ejemplo calificó a los mendocinos de "no tener los huevos necesarios" para desarrollar la minería. Desde aquí le contestaron asegurando que es un "barrabrava".

Historia repetida

La promoción industrial es un sistema por el cual se beneficia con fuertes quitas de impuestos a las industrias que se instalen en algunas provincias y que se generó para intentar generar crecimiento en lugares donde la economía tenía problemas.

Mendoza está "rodeada" de provincias con esa posibilidad y por eso sufrió fuertes perjuicios en su industria. De hecho por esas pérdidas en 1997 recurrió a la Justicia para que se declarara inconstitucional la ley y los decretos que aprobaron el sistema y se resarciera a Mendoza. La demanda estaba prácticamente ganada, pero se llegó a un arreglo extra judicial con la Nación por el cual se renunció a la demanda a cambio de la construcción de la presa Portezuelo del Viento.

El convenio fue firmado en 2006, pero la Corte recién lo ratificó hace seis meses. Así, la ley no llegó a ser declarada inconstitucional y la historia parece repetirse: ese beneficio para algunas provincias se extendió por 15 años y se amplió a nuevas industrias.

La presidenta Cristina Fernández firmó el decreto para prorrogar y ampliar la promoción industrial haciendo uso de las "facultades delegadas" que tiene. Ahora ese decreto debe ser analizado por la comisión bicameral del Congreso en la que participan Enrique Thomas y Patricia Fadel, dos legisladores que en el año 2006 aprobaron la entrega de esa potestad a la presidencia (incluso Jaque también apoyó la medida).

"Lo primero que tenemos que hacer en mostrarnos unidos todos los mendocinos y luego tratar de frenarlo en el Congreso", dijo Mariana Juri, diputada radical. Para la legisladora hay que buscar la eliminación de la promoción, pero mientras eso ocurre "se debe pedir que Mendoza esté incluida" en la lista de beneficiarias.

En el oficialismo interpretan que la ampliación de esos beneficios es automático sólo para La Rioja y que para extenderlo al resto de las provincias vecinas hace falta cumplir otros requisitos como la firma de convenios. Por eso se esperanzan en poder frenarlo antes.

En Casa de Gobierno estuvieron los referentes empresarios y del gremialismo. Todos ratificaron que apoyan al gobierno.