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01/07/2010 | 19:48hs
•NACIONALES

Informe: Trasciende el "paquete" Scioli/Casal sobre la Policía

Ricardo Casal, ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, se reunió el martes 29/06 con legisladores de distintas bancadas de la Cámara baja provincial, para adelantar el envío de varios proyectos referidos a que concluye -y resulta casi imposible renovar- la "emergencia policial" vigente durante los recientes 6 años. Por eso los proyectos están dirigidas a reemplazar la "emergencia policial", facultad que con la nueva conformación de fuerzas de la Cámara, difícilmente lograría ser prorrogada.  

Aunque al término de la reunión sólo se habló públicamente de la ratificación de algunos acuerdos como el convenio entre la provincia de Buenos Aires y los aeródromos privados que pondrían a disposición avionetas particulares para colaborar con el patrullaje aéreo, los legisladores presentes en la reunión con el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, se llevaron bajo el brazo una lista de puntos que llegarán luego al recinto insertos en el proyecto que enviará el Ejecutivo.

“Algunos son interesantes, otros son simplemente parches, y otros son inviables”, sostienen desde una bancada opositora.

Entre los puntos “interesantes” enumeran:

> la intención de plantear tres zonas diferentes en materia de política de seguridad (metropolitana, conurbano e interior);

> la desafectación de personal policial para traslado de detenidos, y

> el reemplazo de efectivos de esta fuerza en tareas de correo, mediante la tercerización de la entrega de correspondencia judicial.

Casal intentará que la Legislatura apruebe un “protocolo de no derivación de cuestiones judiciales a la policía”, o sea, que la policía no tenga que realizar labores que son propias del poder judicial y que podrían ser cubiertas por otros funcionarios públicos.

El ministro propone incorporar 300 efectivos del Servicio Penitenciario que actualmente están retirados para ser destinados a la custodia de edificios; desafectar los 1.800 efectivos policiales que hoy están destinados al traslado de detenidos (reemplazándolos por gente del SPB) y los 600 policías que cumplen labores de correo, tercerizando esta tarea mediante un convenio con el Correo Argentino.

El funcionario promete “la capacitación de 9.000 policías en una 1ra. etapa”, y la creación de “cuerpos de apoyo para fiscalías generales”, algo así como el parche necesario ante la imposibilidad -por desaveniencias de índole político- de crear la policía judicial, proyecto que continúa sin lograr concretarse.
También mencionó que habrá una reforma edilicia, y destacó que “ya se repararon 43 calabozos”.

“La promesa de mejoras edilicias, desde Aldo Rico hasta ahora, la escuchamos de todos los que pasaron por ese ministerio”, sostuvieron varios de los presentes, antes de destacar además, que “contrariamente a lo que indica la Suprema Corte de justicia bonaerense, la provincia mantiene 4.400 presos en calabozos de comisarías, que en realidad tendrían que estar en Unidades penitenciarias”.

Otro de los puntos que produjo rispideces es el convenio con las avionetas particulares.

“La provincia tiene zona aérea liberada, porque no existe radarización. Si a la idea de patrullar el aire, que parte de la necesidad de cubrir el vasto territorio que tiene este distrito, no se le suma instrumentación adecuada, lo único que vamos a conseguir es un city tour aéreo para algún efectivo policial”, se escuchó por los pasillos de la Legislatura.

Tampoco sumó adeptos el punto en que se menciona la posible reincorporación de policías retirados (algunos incluso hablan de exonerados) al servicio activo.

Con pinzas fue tomado el punto donde se sugiere “repatriar a sus ciudades de referencia” a 500 policías. Si bien la iniciativa a prima face resulta positiva, la duda radica en que muchos de ellos no tendrían lugar en sus ciudades de origen, y que además, no se planea hacer lo mismo con los empleados del Servicio penitenciario que atraviesan la misma situación.

Uno de los puntos más álgidos es el plan para instalar cámaras de seguridad en todos los distritos bonaerenses.

Más allá de las suspicacias respecto quiénes serían los verdaderos propietarios de la empresa que estaría en condiciones de proveer el servicio, existe una partida de fondos del gobierno nacional que cubre el costo necesario para 42 distritos; con lo cual, si el proyecto del Ejecutivo provincial es otorgar esta posibilidad a todo el territorio bonaerense, la provincia deberá hacerse cargo del costo de los 92 municipios restantes (quizá alguno menos, si se descuentan los pocos que ya cuentan con estas cámaras).

Pero sin dudas, el proyecto que más sonrisas (sarcásticas por cierto) y críticas cosechó es el que menciona la posibilidad de “compensar deuda” entre los municipios y el erario provincial, a través de la incorporación de 20 mil motocicletas que se calcula, están secuestradas en los municipios por diversos motivos.

Esto es, en cada distrito hay un determinado número de motos que por algún motivo (accidente, robo, falta de papeles, etc, etc.) fueron retenidas por la autoridad policial, y puestas a disposición de la justicia. Según se desprende de lo conversado entre Casal y los legisladores, la provincia pretende que mediante algún acto de declaración de sentencia administrativa esos vehículos pasen a formar parte (no está muy claro cómo) del patrimonio municipal, y las administraciones comunales a su vez, puedan entregarlas a la provincia como “parte de pago” de las deudas que éstas tienen para con el erario bonaerense.
Las bromas no se hicieron esperar.

“¿Te imaginás a la policía persiguiendo chorros en una Juky de delivery?”, dijo uno.

Ya con criterio de observación real del proyecto, las criticas estuvieron direccionadas no sólo a lo inverosímil de la maniobra administrativa, sino también, a lo poco práctico que sería contar con un parque automotor absolutamente heterogéneo en marcas y modelos, que trae aparejado un sinnúmero de inconvenientes técnicos como por ejemplo, los repuestos que deberían conseguirse de manera individual acorde a cada caso.

El otro punto que mereció discusión, es la no reunificación de la fuerza policial.

El proyecto que enviaría el ejecutivo no avanza en este sentido, y continúa manteniendo por separado la policía comunal, la distrital y la policía 2. “Si queremos reorganizar la policía en serio, hay que reunificarlas, pero acá, sigue sin tratarse el tema de fondo. Lo demás, en su mayoría, otra vez son parches”, concluyeron en algunas oficinas.

 




Link:
http://www.sintesiscorrientes.com/notix/noticia/00645_informe_trasciende_el_paquete_scioli_casal_sobre_la_policia-1.htm